Quiebra escolar: Cómo los estudiantes de Ontario y Columbia Británica pueden reclamar el reembolso de su matrícula

Cuando una escuela profesional privada o una institución de formación privada cierra repentinamente debido a problemas financieros, los estudiantes pueden asumir que la institución «se ha declarado en quiebra» y que la matrícula se reembolsará automáticamente a partir de una fianza en custodia del gobierno. La situación legal es más compleja. La quiebra es un proceso federal de insolvencia, mientras que Ontario y Columbia Británica operan sistemas provinciales independientes diseñados para proteger a los estudiantes elegibles cuando los proveedores educativos regulados cesan sus operaciones.

Para los estudiantes, el aspecto más importante es que no siempre se requiere una quiebra formal antes de que la protección provincial de matrículas esté disponible. Una institución puede dejar de operar, perder su certificado, discontinuar un programa o entrar en procedimientos de insolvencia. La legislación provincial aplicable determina si se ofrece la finalización de la capacitación o el reembolso de la matrícula.

¿Qué significa la quiebra y qué sucede habitualmente?

En virtud del artículo 2 de la ley federal Bankruptcy and Insolvency Act, «quebrado» (bankrupt) se define como una persona que «ha hecho una cesión de bienes o contra quien se ha dictado una orden de quiebra». Por lo tanto, la quiebra tiene un significado legal específico. Un negocio que experimenta problemas de flujo de caja o que no puede reembolsar a los estudiantes puede ser insolvente sin estar aún legalmente en quiebra.

Una vez que ocurre la quiebra formal, un Fiduciario Autorizado en Insolvencia (Licensed Insolvency Trustee), denominado comúnmente LIT, administra el caudal relicto de la quiebra. El proceso federal de insolvencia y el proceso provincial de protección al estudiante pueden entonces operar simultáneamente.

El proceso general de quiebra habitualmente implica:

• La institución se vuelve incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras y puede considerar una reestructuración, una propuesta o la quiebra.
• La quiebra puede comenzar mediante una cesión voluntaria o una orden de quiebra emitida por un tribunal.
• Un Fiduciario Autorizado en Insolvencia asume la responsabilidad de administrar el caudal relicto de la quiebra.
• Una suspensión de procedimientos (stay of proceedings) impide generalmente que los acreedores no garantizados continúen con los procedimientos normales de cobro o acciones legales contra el deudor quebrado.
• El fiduciario identifica y liquida los activos disponibles para el caudal relicto de la quiebra.

Los estudiantes a quienes se les debe dinero pueden convertirse en acreedores y deben presentar el Formulario 31, Prueba de Reclamación (Proof of Claim), con pruebas de respaldo tales como el contrato de inscripción, recibos, estados de cuenta y cálculos de reembolso.

Los fondos disponibles se distribuyen a los acreedores según las prioridades establecidas por la ley de insolvencia. La presentación de una Prueba de Reclamación no garantiza el reembolso completo.

Para las empresas educativas, un paso adicional es fundamental. El organismo regulador de educación provincial puede activar por separado mecanismos de protección estudiantil. Por lo tanto, los estudiantes no deben esperar la distribución de la quiebra antes de investigar la protección provincial de matrículas.

Cuando una institución educativa privada cierra

La protección provincial analizada aquí se aplica principalmente a la formación profesional técnica privada y regulada. No debe asumirse que cubra a todos los institutos, universidades, programas de idiomas u otros proveedores educativos.

En Ontario, las escuelas profesionales (career colleges) que ofrecen programas vocacionales deben estar registradas bajo la Ontario Career Colleges Act, 2005, y los programas deben estar aprobados por el Superintendente de Escuelas Profesionales (Superintendent of Career Colleges). Los estudiantes inscritos en una institución no registrada o en un programa no aprobado pueden no recibir la misma protección legal. El organismo regulador responsable depende del Ministerio de Colegios, Universidades, Excelencia en la Investigación y Seguridad (Ministry of Colleges, Universities, Research Excellence and Security).

En Columbia Británica, la Unidad Reguladora de Instituciones Privadas de Capacitación (Private Training Institutions Regulatory Unit, o PTIRU) administra la Private Training Act. Para una reclamación por cierre contra el Fondo de Protección de Matrículas de Estudiantes (Student Tuition Protection Fund), el estudiante generalmente debe haber estado inscrito en un programa aprobado cuando la institución dejó de tener su certificado.

Desde una perspectiva práctica, los estudiantes no deben esperar a que se lleve a cabo un procedimiento judicial de quiebra antes de investigar la protección provincial. La fecha del cierre regulatorio o de la cancelación del certificado puede dar inicio a un plazo importante de reclamación.

Ontario: garantía financiera, TCAF y reembolsos a estudiantes

La ley Ontario Career Colleges Act, 2005, de Ontario establece el Fondo de Garantía de Finalización de la Capacitación (Training Completion Assurance Fund), conocido comúnmente como TCAF. El artículo 3 establece que su finalidad es brindar a los estudiantes afectados la oportunidad de completar su programa vocacional en otra parte o recibir un reembolso por la parte del programa respecto de la cual no se recibió instrucción u otro beneficio.

Se exige a las escuelas profesionales que proporcionen una garantía financiera prescrita y paguen primas al TCAF. Cuando una escuela profesional regulada cierra, su garantía financiera puede utilizarse en primer lugar para la finalización de la capacitación y las reclamaciones estudiantiles. El TCAF puede cubrir las reclamaciones elegibles pendientes una vez agotada la garantía disponible.

El Reglamento de Ontario 414/06, sección 38, brinda la protección principal. Establece que el Superintendente «asegurará que se proporcione la finalización de la capacitación o los reembolsos» cuando la escuela profesional haya cesado sus operaciones y discontinuado un programa vocacional antes de que los estudiantes afectados lo completaran.

Un estudiante afectado generalmente debe confirmar:

• que la escuela profesional estaba debidamente registrada
• que el programa vocacional estaba aprobado
• que el estudiante no había completado el programa cuando se detuvieron las operaciones
• que la matrícula y otras tarifas reclamadas se pueden demostrar con recibos o registros financieros
• que el estudiante presenta la reclamación requerida dentro del plazo aplicable

Cuando se coordina la finalización de la capacitación, a los estudiantes afectados normalmente se les otorgan 14 días para aceptar la oportunidad. Un estudiante que rechaza la finalización de capacitación disponible generalmente puede reclamar la porción no devengada de las tarifas. Un reembolso completo puede estar disponible cuando participar en la capacitación de reemplazo causaría dificultades excesivas. Si no se dispone de una finalización de capacitación, el reglamento permite una reclamación por las tarifas pagadas correspondientes al programa vocacional discontinuado.

El artículo 46 del Reglamento de Ontario 414/06 exige que las reclamaciones de reembolso se presenten a más tardar 6 meses después de que el Superintendente declare ejecutada la fianza de la institución. La guía para estudiantes de Ontario instruye de manera similar a los estudiantes afectados a presentarla dentro del período de reclamación aplicable de 6 meses. El procesamiento del reembolso puede demorar aproximadamente de 6 a 24 meses debido a que el Superintendente debe revisar las reclamaciones y las pruebas de respaldo.

Desde una perspectiva práctica, el mayor error es tratar la garantía financiera como una cuenta de fianza personal de la que cada estudiante puede cobrar directamente. La reclamación se administra mediante el proceso regulatorio provincial.

Columbia Británica: Fondo de Protección de Matrículas de Estudiantes y reclamaciones por cierre

Columbia Británica utiliza la Private Training Act y el Fondo de Protección de Matrículas de Estudiantes (Student Tuition Protection Fund). El detonante legal difiere del de Ontario.

El artículo 23 de la Private Training Act permite a un estudiante presentar una reclamación cuando una institución que estaba certificada «dejó de tener cualquier certificado antes de que el estudiante completara un programa aprobado». La reclamación por cierre generalmente debe presentarse a más tardar 1 año después de que la institución haya dejado de tener su certificado.

Los estudiantes normalmente deben conservar:

• el contrato de inscripción estudiantil
• comprobantes de pago de la matrícula
• registros del programa y de la inscripción
• comunicaciones relativas al cierre
• registros de asistencia económica estudiantil del gobierno, cuando corresponda
• cualquier prueba adicional solicitada por la PTIRU o el Fiduciario

La Private Training Institutions Regulatory Unit de BC establece que si una escuela deja de tener un certificado antes de que el estudiante complete el programa, este puede presentar una reclamación de reembolso de matrícula. La PTIRU puede identificar primero un programa comparable en otra institución. Si no hay un programa comparable disponible, o si circunstancias especiales aceptadas impiden que el estudiante asista, el estudiante puede utilizar el Special Circumstances Tuition Refund Claim Form (Formulario de Reclamación de Reembolso de Matrícula por Circunstancias Especiales). Otros formularios para estudiantes están disponibles a través de la BC PTIRU Forms and Resources Library.

Columbia Británica también puede exigir que una institución proporcione una garantía financiera. En virtud del Fees and Student Tuition Protection Fund Regulation, las garantías aceptables incluyen una carta de crédito irrevocable, una fianza de cumplimiento admisible o una garantía en efectivo admisible. El monto máximo actual de garantía que el registrador puede exigir es de $1,000,000.

La distinción importante radica en que los estudiantes generalmente tramitan su reclamación mediante el proceso del Student Tuition Protection Fund y de la PTIRU en lugar de exigir de forma independiente el pago al banco o a la compañía de seguros que emitió la garantía de la institución.

Los estudiantes también deben prever que el proceso toma tiempo. Columbia Británica no publica un período de procesamiento estándar de dos años. Dependiendo del cierre, los documentos de respaldo y la cantidad de estudiantes afectados, la resolución puede tardar varios meses. En consecuencia, los estudiantes deben presentar la documentación completa lo antes posible y no deben confundir el plazo de presentación de 1 año con el tiempo real de procesamiento.

Las dificultades actuales pueden ser más graves para los estudiantes internacionales debido a que el cierre de una escuela puede generar problemas independientes vinculados a la recuperación de la matrícula, los permisos de estudio, las transferencias a otra institución y la futura elegibilidad migratoria. Por consiguiente, la recuperación financiera y el estatus migratorio deben evaluarse de forma separada y sin demora. Cuando surjan consecuencias migratorias, la asistencia puede incluir la evaluación de las opciones disponibles, la preparación de pruebas de respaldo, el asesoramiento sobre los siguientes pasos y la representación en solicitudes migratorias a cargo de un consultor de inmigración.

En términos generales, la quiebra no garantiza por sí misma el reembolso de la matrícula. Los estudiantes deben determinar si la institución ha entrado formalmente en quiebra, si continúa registrada o certificada, si el programa estaba aprobado y qué mecanismo provincial de protección estudiantil resulta aplicable. En los casos en que haya ocurrido una quiebra formal, presentar una Prueba de Reclamación federal puede preservar la posición del estudiante como acreedor, mientras que el proceso provincial de Ontario o de Columbia Británica puede ofrecer una vía independiente para la finalización de la capacitación o la recuperación elegible de la matrícula.

¿Qué deben hacer los estudiantes internacionales tras el cierre de su escuela?

Los estudiantes internacionales deben atender su estatus migratorio y el reembolso de la matrícula de forma simultánea. Esperar a recibir un reembolso antes de encontrar otra escuela podría ocasionar problemas con las condiciones del permiso de estudio.

Encuentre una nueva escuela y proteja su estatus de estudios

• Encuentre una nueva escuela elegible lo antes posible. Antes de pagar un depósito, verifique la institución en la lista de Instituciones de Aprendizaje Designadas (DLI) del IRCC. Los estudiantes que planeen solicitar un permiso de trabajo posterior a la graduación también deben confirmar que el programa específico sea elegible para el PGWP, ya que no todos los programas ofrecidos por una DLI califican.
• Obtenga una nueva Carta de Aceptación y verifique la transferencia de créditos. Los estudiantes deben consultar con la nueva institución si los estudios previos pueden ser reconocidos y obtener expedientes académicos (transcripts), registros de asistencia, esquemas de cursos y otros documentos académicos de la escuela cerrada siempre que sea posible.
• Solicite un nuevo permiso de estudio al cambiar de institución postsecundaria. Bajo las normas vigentes del IRCC para cambiar de escuela, un estudiante que se transfiere a otra DLI postsecundaria generalmente necesita solicitar una extensión del permiso de estudio actual y obtener un nuevo permiso de estudio para la nueva institución. También puede requerirse una nueva PAL o TAL, a menos que aplique una exención.

Los estudiantes afectados por el cierre de una escuela pueden, bajo ciertas circunstancias, estar facultados para comenzar a estudiar en la nueva DLI antes de que el IRCC apruebe la solicitud del nuevo permiso de estudio. Esto puede aplicar cuando la escuela anterior cerró, discontinuó el programa, fue suspendida o perdió el estatus de DLI, siempre que el estudiante cumpla con los demás requisitos del IRCC. El IRCC también ofrece una vía de procesamiento de 60 días para ciertos estudiantes elegibles que cambian de DLI.

Verifique los derechos de trabajo, el vencimiento del permiso y la futura elegibilidad para el PGWP

• No asuma que puede continuar trabajando durante un período de interrupción de los estudios. El IRCC puede reconocer el cierre permanente de una escuela como un permiso de ausencia autorizado de hasta 150 días. Sin embargo, los estudiantes generalmente no pueden trabajar dentro o fuera del campus durante una ausencia autorizada.
• Verifique de inmediato la fecha de vencimiento del permiso de estudio. Si el permiso vencerá pronto, el estudiante debe solicitarlo antes de su vencimiento. Si ya ha vencido, el estudiante podría necesitar solicitar la restauración del estatus, generalmente dentro de los 90 días posteriores si es elegible.
• Proteja la elegibilidad futura para el PGWP. Antes de transferirse, los estudiantes deben revisar los requisitos vigentes del PGWP, incluyendo la nueva institución, el programa específico, la duración de los estudios, los requisitos de idioma y cualquier requisito aplicable sobre el área de estudio. Se deben conservar los documentos que acrediten el cierre de la escuela y cualquier interrupción de los estudios.

Los estudiantes también deben continuar con su reclamación correspondiente al TCAF de Ontario o al Student Tuition Protection Fund de BC por separado. Aceptar una capacitación de reemplazo coordinada por el regulador provincial puede influir en el monto del reembolso disponible, por lo que los estudiantes deben comprender las implicaciones del reembolso antes de comprometerse con otro programa.

Por lo tanto, el cierre de una escuela puede suscitar tres situaciones distintas al mismo tiempo: recuperar la matrícula, mantener el estatus legal en Canadá y proteger la elegibilidad futura para el PGWP o la residencia/inmigración. Analizar estas tres áreas antes de seleccionar un programa sustituto puede ayudar a evitar que un problema escolar inmediato se convierta en una dificultad migratoria a largo plazo.